Reforma laboral para plataformas digitales: ¿avance o caos anunciado?

El pasado 24 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma que, en teoría, marca un antes y un después para quienes trabajan en plataformas digitales. A partir del 1 de julio de 2025, más de 700 mil personas que colaboran como repartidores, conductores y otros perfiles similares serán sujetas de aseguramiento obligatorio ante el IMSS, y accederán —al menos en papel— a prestaciones sociales como cualquier trabajador formal.

Sin embargo, desde mi experiencia en el ámbito de relaciones laborales, no puedo dejar de preguntarme si esta reforma, más que representar un avance, podría convertirse en un caos operativo y legal, tanto para las empresas como para los propios trabajadores.

¿Realmente beneficia a todos?

La reforma promete derechos sociales, pero no toma en cuenta que muchos de estos trabajadores eligieron este esquema precisamente por su flexibilidad, sin cargas fiscales, sin trámites burocráticos y sin intermediarios. Obligar a todos los que superen el ingreso de un salario mínimo a cotizar, sin ofrecer claridad sobre cómo se hará ese cálculo ni qué ocurrirá con quienes tienen ingresos variables, podría resultar en un desincentivo y, en algunos casos, incluso en una disminución de ingresos reales.

Lagunas legales y ambigüedades

Otro punto preocupante es que gran parte de esta reforma queda sujeta a interpretación futura:

• La STPS aún no publica los lineamientos definitivos para distinguir entre trabajo independiente y subordinado.

• El IMSS debe emitir reglas que apenas entrarán en vigor durante una “etapa piloto”.

• No hay claridad sobre qué sucede si el ingreso varía mes con mes o si hay más de una plataforma involucrada.

• No se establece cómo se atenderán casos de baja actividad o días sin conexión.

  
  

En la práctica, todo esto abre la puerta a errores, fiscalización excesiva o incluso a litigios innecesarios, ya sea por parte de trabajadores que no comprendan el nuevo modelo o de plataformas que busquen evadir responsabilidades mal definidas.

¿Estamos listos?

Como abogado, no me opongo a que exista una regulación en este sector. De hecho, es urgente. Pero una cosa es reconocer derechos, y otra muy distinta es generar una reforma con tantas piezas móviles, sin una estrategia clara de implementación, sin sistemas tecnológicos robustos, y sin haber hecho una segmentación real de las distintas formas en las que se trabaja en estas plataformas.

En resumen, esta reforma tiene buenas intenciones pero una ejecución sumamente riesgosa. Lo que puede parecer “innovador y humanista” en el discurso, puede terminar generando más desigualdad, evasión y confusión en la práctica.

Estaremos atentos, porque lo que se juega aquí no es solo un modelo de aseguramiento, sino el futuro del trabajo flexible en México.